Desafortunadamente, esto no ocurre en la mayoría de los casos. Los temas que afectan a los niños y a los adolescentes no "llaman la atención" del público en general, quien parece más ocupado en los chismes de los artistas o de los políticos (¿o son lo mismo?), en la novela de las 5 o el partido de las 6. Que cada 13 segundos un niño es victimizado física, sexual o psicológicamente, parece menos importante que lo que ocurre cada 13 segundos en Wall Street. Los legisladores están más ocupados en qué hacer con el superavit (budget surplus) y sus campañas políticas que en revisar un sistema de intervención en casos de conflictos juveniles en el que, pasados los 16 años, los padres se ven con las manos atadas si alguno de sus hijos padece (y hace padecer) problemas severos de conducta. Antes de esa edad, los padres cuyo hijo o hija tienen serios problemas de desadaptación social, pueden recurrir a la Corte Familiar en busca de ayuda y supervisión externa, y si ésta fracasa, quedan recursos tales como los "hogares de tránsito", hogares alternativos o grupales, que brindan a los jóvenes un ambiente de protección y supervisión que en una enorme cantidad de casos los mantiene lejos de problemas, refuerza su educación y su salud, y les da un ámbito controlado para que puedan aprender a superar sus propios descontroles. Pero, entrados los 17 años, el sistema se queda sin recursos legales y a los padres les toca esperar a que ese hijo o hija cometan un delito serio antes de que alguien intervenga. Después vendrá el sistema a castigarlo, la familia corriendo a conseguir un buen abogado, un buen psicólogo y quizás, un buen préstamo bancario. En ocasiones, como la sociedad "ya está cansada" de los delitos juveniles, estos adolescentes y niños enfrentarán cargos como si fuesen adultos, y continuarán llenando las cárceles americanas, que ya no dan abasto.

 

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