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Desafortunadamente,
esto no ocurre en la mayoría de los casos. Los temas que
afectan a los niños y a los adolescentes no "llaman la
atención" del público en general, quien parece más ocupado
en los chismes de los artistas o de los políticos (¿o
son lo mismo?), en la novela de las 5 o el partido de
las 6. Que cada 13 segundos un niño es victimizado física,
sexual o psicológicamente, parece menos importante que
lo que ocurre cada 13 segundos en Wall Street. Los legisladores
están más ocupados en qué hacer con el superavit (budget
surplus) y sus campañas políticas que en revisar un sistema
de intervención en casos de conflictos juveniles en el
que, pasados los 16 años, los padres se ven con las manos
atadas si alguno de sus hijos padece (y hace padecer)
problemas severos de conducta. Antes de esa edad, los
padres cuyo hijo o hija tienen serios problemas de desadaptación
social, pueden recurrir a la Corte Familiar en busca de
ayuda y supervisión externa, y si ésta fracasa, quedan
recursos tales como los "hogares de tránsito", hogares
alternativos o grupales, que brindan a los jóvenes un
ambiente de protección y supervisión que en una enorme
cantidad de casos los mantiene lejos de problemas, refuerza
su educación y su salud, y les da un ámbito controlado
para que puedan aprender a superar sus propios descontroles.
Pero, entrados los 17 años, el sistema se queda sin recursos
legales y a los padres les toca esperar a que ese hijo
o hija cometan un delito serio antes de que alguien intervenga.
Después vendrá el sistema a castigarlo, la familia corriendo
a conseguir un buen abogado, un buen psicólogo y quizás,
un buen préstamo bancario. En ocasiones, como la sociedad
"ya está cansada" de los delitos juveniles, estos adolescentes
y niños enfrentarán cargos como si fuesen adultos, y continuarán
llenando las cárceles americanas, que ya no dan abasto.
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